ARTÍCULO
Retos para implementar la educación en derechos humanos en México
Pedro Alberto Carreón-Ramos
Resumen
Actualmente, la implementación de la educación en derechos humanos en México representa un desafío por diversas razones relacionadas con el contexto social, cultural y político. La confusión en torno a los conceptos vinculados con la educación en derechos humanos dificulta su comprensión y eventual materialización, así como la ausencia de mecanismos legales que favorezcan su garantía.
Palabras clave: Cultura de la legalidad, derechos humanos, educación.
RECIBIDO: 16/07/2025; ACEPTADO: 15/12/2025; PUBLICADO: 30/04/2026
Materializar la educación en derechos humanos en México constituye uno de los mayores desafíos del país; sin embargo, se trata de una tarea compleja en la que confluyen diversos factores. En principio, es fundamental reconocer que existen varios términos y orientaciones con los que suele aludirse a la educación en derechos humanos, como la educación cívica, la educación ciudadana, la educación para la democracia, la educación para la tolerancia y la educación para la paz, entre otras.
Existe una tendencia a confundir los conceptos mencionados, sin considerar que cada uno de ellos se vincula con una postura política, ideológica o pedagógica específica. Esta confusión dificulta la construcción de acuerdos o consensos orientados a materializar la educación en derechos humanos en México. Por lo tanto, si desde el inicio existe dificultad para definirla, su implementación por medio de la educación se convierte en un desafío aún mayor.
La educación en derechos humanos en México se encuentra, en gran medida, desvinculada de la realidad de las personas y de su contexto social. Asimismo, la ciudadanía no siempre cuenta con las herramientas necesarias para exigir el cumplimiento de sus prerrogativas. A ello se suma el escaso reconocimiento de la diversidad, la multiculturalidad y la perspectiva de género en distintos ámbitos de la vida social.
En este sentido, resulta fundamental clarificar los conceptos y vincular la educación con otras instituciones del país para promover una atención integral a la población en materia de derechos humanos. Sin embargo, ni siquiera dentro del sistema educativo existe una propuesta integral que incida de manera efectiva en el trabajo institucional y docente.
Además, al momento de elaborar propuestas o diseñar estrategias, con frecuencia no se considera la participación del personal docente, los sindicatos, la comunidad escolar y la sociedad civil. En muchos casos, estas decisiones se concentran únicamente en la oficina de asesores de la Secretaría de Educación Pública.
Desde 1960 hasta la actualidad, la educación en derechos humanos se ha abordado principalmente como una parte de la asignatura de formación cívica y ética, sin recibir la relevancia ni el desarrollo necesarios para cumplir con los estándares internacionales. Los contenidos relacionados con este tema se presentan de manera parcial y, en muchos casos, no proporcionan las herramientas básicas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos; por ello, su enseñanza no ha logrado generalizarse en el sistema educativo.
Por otra parte, tampoco se ha prestado suficiente atención a que los perfiles del profesorado encargado de impartir formación cívica y ética sean los más adecuados para desarrollar esta temática. Los procesos de selección suelen ser flexibles y, además, existe un número reducido de egresados con una especialización específica en la materia.
Otro factor que influye en el desafío de materializar la educación en derechos humanos en México es la falta de una cultura de la legalidad. Esta se entiende como la interiorización del conjunto de normas jurídicas que generan confianza en las instituciones encargadas de garantizar su cumplimiento. Asimismo, implica la creencia compartida de que cada persona es responsable de contribuir a la construcción de una sociedad democrática mediante su participación activa en la vida social y política.
De acuerdo con el Índice de Cultura de la Legalidad en México, publicado por la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), la calificación nacional es de 5.5 en una escala de 0 a 10. Este indicador considera la valoración que las personas otorgan al conocimiento y cumplimiento de las leyes para lograr una mejor convivencia social, así como su percepción respecto a otras personas y su disposición a poner en práctica el respeto a la ley.
Del índice mencionado se desprende que, aunque las personas manifiestan aprecio por la cultura de la legalidad, consideran que los demás no cumplen con las leyes. Esta percepción suele utilizarse como justificación para el propio incumplimiento, bajo la idea de que no tiene sentido respetar la ley si otras personas no lo hacen.
Ante esta situación, resulta fundamental incorporar la educación en derechos humanos en México, con el fin de formar sujetos de derecho capaces de participar activamente en el fortalecimiento de la democracia. Asimismo, a partir del mismo estudio realizado por MUCD, en febrero de 2015 se elaboró el Índice de Disposición hacia una Cultura de la Legalidad, el cual muestra el grado de resistencia al cambio por parte de la población. De acuerdo con este indicador, las personas con estudios universitarios y de posgrado son quienes presentan mayor resistencia.
Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2012), cuatro de cada diez ciudadanos consideran que en el futuro tendrán menos posibilidades de influir en las decisiones de gobierno. Parte de estos resultados puede atribuirse a la debilidad de la cultura de la legalidad, lo cual se relaciona con la limitada participación activa de la ciudadanía. Cuando la participación ciudadana es escasa, las posibilidades de incidir en las decisiones gubernamentales también se reducen. En este sentido, para participar activamente en la vida pública, es fundamental que las personas conozcan y comprendan sus derechos humanos.
Asimismo, la Segunda Encuesta de Cultura Constitucional (2011) muestra que las redes sociales han contribuido a desalentar la participación de la ciudadanía en la vida política, además de propiciar divisiones dentro de la sociedad y favorecer la constante manipulación de la opinión pública. En este contexto, la formación de sujetos de derecho, con capacidad para cuestionar y ejercer una crítica constructiva, se presenta como una alternativa para contrarrestar la desinformación y promover una ciudadanía con mayor apertura de criterio.
México Unido Contra la Delincuencia (2016) identifica cuatro pilares de la cultura de la legalidad: el interés por conocer las leyes básicas, la voluntad de respetarlas, el rechazo a la corrupción y la relación de las personas con las dependencias encargadas de la procuración de justicia. Los estudios de esta organización de la sociedad civil muestran que existe poco interés por conocer las leyes, escasa disposición para respetarlas, un bajo rechazo a la corrupción y una relación casi nula entre la ciudadanía y las instituciones de procuración de justicia.
A partir de este panorama, se advierte que México transita por un estado de ilegalidad, lo cual se traduce en la persistencia del fenómeno de la corrupción. Tanto desde la sociedad como desde el ejercicio de cargos públicos se cometen actos u omisiones de carácter ilícito para satisfacer intereses personales, aun cuando estos contravengan los intereses del Estado o de la propia sociedad.
La corrupción y la impunidad son fenómenos estrechamente relacionados. En materia de derechos humanos, la impunidad se entiende como la ausencia de sanciones o la existencia de disposiciones legales que favorecen el incumplimiento de las penas impuestas. Cuando los actos de corrupción no son sancionados, se propicia un contexto de impunidad.
En consecuencia, la sociedad se deteriora y el Estado de derecho se ve vulnerado por el constante incumplimiento de las leyes. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (2022), elaborado anualmente por la organización Transparencia Internacional, México obtuvo una puntuación de 31 sobre 100 (donde 0 representa la peor calificación y 100 la más alta), ubicándose en la posición 126 de 180 países.
La corrupción debilita la construcción de un Estado democrático de derecho y constituye una práctica que aleja cada vez más el goce y el ejercicio pleno de las prerrogativas inherentes a la persona. Este panorama pone en evidencia tanto la insuficiente educación en derechos humanos en el país como el desafío que representa su inclusión efectiva en los planes de estudio.
Por otro lado, el Índice Global de Impunidad en México (2022), elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica con base en datos proporcionados por la Universidad de las Américas Puebla, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, reportó para México una puntuación de 60.08 en una escala en la que 100 representa la calificación más crítica. Este nivel de impunidad constituye un elemento adicional que pone en evidencia la insuficiente educación en derechos humanos en el país.
Si en México la corrupción y la impunidad se presentan de manera constante, puede afirmarse que el país enfrenta un contexto de debilitamiento de la legalidad. Ante esta situación, resulta urgente construir una cultura de derechos humanos que contribuya a revertir esta condición, así como incorporar de manera efectiva la educación en derechos humanos en las escuelas. Este tipo de educación permitiría formar sujetos de derecho capaces de analizar críticamente el contexto social, institucional y gubernamental, y de proponer nuevas estrategias para garantizar los derechos humanos de todas las personas.
A la luz de las estadísticas expuestas, las universidades en México también enfrentan el desafío de contrarrestar el pesimismo respecto al futuro de la sociedad. Asimismo, es importante contribuir a superar las herencias autoritarias derivadas de los distintos periodos de gobierno que han marcado la vida política del país.
En las instituciones públicas, privadas y en los espacios donde se trabaja en temas de derechos humanos, es necesario colaborar con profesionales de diversas disciplinas, lo que en ocasiones dificulta la interacción debido a la diversidad de enfoques y conocimientos. En este sentido, la educación en derechos humanos debe asumir un carácter interdisciplinario. Resulta fundamental que, desde las universidades, se construya un lenguaje común en torno a esta materia y se promueva el trabajo conjunto entre profesionales de distintas áreas. No obstante, las instituciones dedicadas a la formación especializada en derechos humanos aún son escasas.
Para que México sea un país más igualitario y se garantice efectivamente el derecho a la educación, es fundamental que las personas reconozcan y acepten la complejidad de su diversidad, así como impulsar la educación en derechos humanos. Esta responsabilidad corresponde principalmente al Estado; sin embargo, su cumplimiento ha sido limitado y la legislación mexicana no establece sanciones claras por su incumplimiento.
En conclusión, aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación en el país debe impartirse con un enfoque de derechos humanos, en la práctica esto aún no se refleja plenamente en el sistema educativo formal y permanece, en gran medida, como un principio discursivo. A partir de los factores mencionados, el panorama para materializar la educación en derechos humanos en México es complejo, aunque no imposible.
Pedro Alberto Carreón-Ramos. División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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