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U.M.S.N.H. Año 12 /Enero - Febrero/ No. 67
Créditos: El Sol de México, Ciudad de México, 26 de julio de 2020.
anuales, cifra similar a la que el presidente Andrés
Manuel López Obrador indicó que se destinaría
para la compra de las vacunas contra el COVID-19
a nivel nacional en el 2020.
En cuanto a los daños ambientales, se ha
detectado que esta acción causa contaminación
de suelo, aire y agua; sin embargo, escasamente
se reportan, por lo que poco se sabe sobre cifras
de sitios afectados y mucho menos se hace algo
para solucionarlo. Por ejemplo, en localidades de
Hidalgo y en la zona de Tlahuelilpan, especialis-
tas del área insisten en la restauración ambiental,
además existen cientos de lugares con registro de
tomas clandestinas que han causado contamina-
ción, cuya biorremediación tiene un costo de 175
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mil pesos por hectárea, monto que
difícilmente pueden costear los agri-
cultores.
De acuerdo a los datos sobre
sustentabilidad de Petróleos Mexica-
nos (PEMEX), el huachicoleo provocó
el crecimiento de 13.5% de las zonas
contaminadas por PEMEX de 2012 a
2015. Según información de la Direc-
ción General de Inspección de Fuen-
tes de Contaminación de la PROFE-
PA, durante el sexenio del presidente
Enrique Peña Nieto, hubo en todo el
país 4,386 emergencias causadas por
«huachicoleo», pero solo se reportó
daño ambiental en unas 300 hectá-
reas de terreno. Esto se debió a que
2,615 de estas fugas no reportaron
públicamente la extensión de suelo
afectado. Algunos de los datos más
actuales señalan que a finales de 2021,
en Mazatlán, había al menos 10 tomas
clandestinas, lo que es un peligro la-
tente ya que las tuberías pasan por
debajo de casas y comercios, además
de que podrían repercutir en la flora y
fauna del mar de esa zona. Mientras
que Hidalgo terminó el 2021 con 1,383
denuncias por robo de combustibles,
equivalente a un aumento del 33.8% con respecto
al 2020.
Las instituciones encargadas de atender los
problemas del robo de combustibles son la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (PROFEPA), las cuales no han di-
vulgado acciones de atención a los ecosistemas
afectados por esta situación. El tiempo estimado
para remediar las áreas dañadas es de aproxima-
damente cinco años con un costo de 200,000 pe-
sos por hectárea.
Propuestas de acción
Para solucionar el problema se requiere la
participación activa de los dueños de los terrenos
afectados, de las autoridades correspondientes y